Diputados exigen anular la audiencia por la Hidrovía y denuncian falta de estudios ambientales.

Diputados nacionales del bloque Unión por la Patria presentaron un proyecto para declarar ilegítima la Audiencia Pública realizada el pasado 3 de noviembre sobre la Vía Navegable Troncal (Hidrovía Paraná–Paraguay). La iniciativa cuestiona el proceso impulsado por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación en el marco del nuevo llamado a licitación para obras de dragado, mantenimiento y señalización.

El texto lleva las firmas de Nancy Sand, Juan Manuel Pedrini, Eduardo Toniolli, Blanca Osuna, Carlos Castagneto, Daniel Gollán, Jorge Antonio Romero, Hilda Aguirre, Ricardo Herrera, Victoria Tolosa Paz, Jorge Neri Araujo Hernández, José Gómez, Carolina Yutrovic, Carolina Gaillard y Gustavo Carlos Miguel González.

Reclamos y cuestionamientos

Los legisladores sostienen que la audiencia convocada mediante la Resolución 48/2025 “careció de los requisitos esenciales” establecidos por la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú. Señalan que la instancia participativa se realizó sin un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), herramienta fundamental para evaluar los efectos de las obras en el sistema fluvial.

Según el proyecto, la documentación presentada por el organismo convocante no correspondía a un estudio ambiental específico, sino a informes de gestión sin el nivel técnico exigido. Esto —argumentan— vulneró el derecho ciudadano a acceder a información adecuada y completa, impidiendo evaluar los posibles impactos sobre el ambiente, las comunidades ribereñas y las actividades económicas de la Hidrovía.

Obligaciones legales incumplidas

El planteo recuerda que la Ley General del Ambiente exige una evaluación técnica previa para toda obra susceptible de generar modificaciones ambientales. Asimismo, el Acuerdo de Escazú obliga a garantizar acceso a la información y participación social efectiva en procesos que puedan afectar ecosistemas naturales.

Para los diputados, la ausencia del EIA, sumada a la falta de datos precisos sobre las obras previstas, compromete la legitimidad del procedimiento. Por eso solicitan que, antes de avanzar con el proceso licitatorio, la autoridad portuaria nacional presente los estudios correspondientes, los someta a revisión de organismos competentes y convoque una nueva audiencia pública ajustada a los estándares legales.

Antecedentes del proceso

El proyecto también remarca que la licitación anterior de la Vía Navegable Troncal fue anulada por el Gobierno nacional debido a irregularidades y a la existencia de un único oferente. En ese contexto, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación inició una nueva convocatoria, aunque —según advierten los diputados— aún no existe un proyecto de obras definido, lo que imposibilita elaborar un Estudio de Impacto Ambiental válido.

La ausencia de un proyecto ejecutivo detallado —con profundidades, áreas de dragado, zonas de intervención y especificaciones técnicas— constituye, para los legisladores, uno de los puntos críticos que invalida cualquier instancia participativa.

Denuncias de la ciudadanía

El texto legislativo también recoge los reclamos de participantes de la audiencia, quienes denunciaron la falta de información técnica y solicitaron su nulidad. Según los diputados, la ciudadanía expresó “una sola voz” de rechazo, al considerar que el proceso no garantizó un marco adecuado de participación ambiental ni permitió conocer con precisión las obras proyectadas.