Paraná y Chaco en la mira: el Estado admite falta de control ambiental en dragado y Greenpeace denuncia desmontes ilegales.

Dos revelaciones recientes encendieron las alarmas sobre el futuro ambiental del país: por un lado, la Subsecretaría de Ambiente de la Nación reconoció ante la Justicia que nunca evaluó los impactos del dragado del Paraná; por otro, Greenpeace denunció que en el Chaco se deforestaron casi 170 mil hectáreas de manera ilegal en los últimos años, pese a la suspensión judicial vigente.

La admisión oficial, presentada en la Cámara Federal de Rosario, marca un precedente histórico: por primera vez el propio Estado reconoce la ausencia total de controles en una de las obras de infraestructura más relevantes de Argentina. En paralelo, organizaciones sociales y ambientalistas insisten en que el río Paraná sufre alteraciones graves —pérdida de playas, erosión costera, disminución de peces y cambios en la dinámica hídrica— sin un solo estudio oficial que lo registre.

Mientras tanto, en el Impenetrable chaqueño, Greenpeace constató desmontes en zonas cercanas a áreas protegidas, incluso hábitat del yaguareté, especie en peligro crítico. Desde la organización acusan al gobierno provincial de “complicidad” y remarcan que la destrucción de bosques viola la Ley Nacional de Bosques Nativos.

Ambos hechos dejan al descubierto un denominador común: la ausencia de políticas públicas firmes de control ambiental. El Paraná, como vía estratégica de exportación, y los bosques del Chaco, como reservorio de biodiversidad única, se encuentran hoy bajo la presión de intereses económicos y la falta de regulación estatal.

Para las organizaciones ambientales, la protección de ríos y bosques no es solo una cuestión ecológica, sino también de derechos humanos, soberanía y justicia social.