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El deterioro del empleo formal en la Argentina se consolidó como una de las consecuencias más visibles del actual rumbo económico. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado o coyuntural, los datos oficiales muestran una contracción sostenida del entramado productivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron más de 21 mil empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio cercano a 30 empresas menos por día. En paralelo, el empleo formal cayó en más de 272 mil puestos, una dinámica que se traduce en la pérdida de alrededor de 400 trabajos registrados diarios. Las cifras surgen de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y reflejan un proceso de ajuste que impacta de manera transversal en la economía. La caída del empleo no distingue sectores ni tamaños de empresas, y se inscribe en una estrategia que redujo al mínimo el rol del Estado como impulsor de la actividad productiva. Desde el inicio de la gestión libertaria, el Gobierno nacional descartó la política industrial como herramienta de desarrollo. La eliminación de programas de crédito productivo, el cierre de áreas específicas destinadas a las pymes y el repliegue del Estado como actor de coordinación dejaron a miles de empresas expuestas a un contexto de recesión, altas tasas de interés y consumo deprimido. Sectores golpeados El retroceso de los empleadores se observa con claridad en actividades clave. Transporte y almacenamiento encabezó las pérdidas, seguido por comercio, servicios profesionales, servicios inmobiliarios e industria manufacturera. La construcción y el sector agropecuario también mostraron caídas significativas, afectadas por la paralización de la obra pública, el encarecimiento del financiamiento y la caída de la inversión. En términos relativos, el transporte fue el sector más afectado, con una reducción de empleadores cercana al 13%. Se trata de actividades especialmente sensibles al nivel de actividad económica, la inversión y el crédito, variables que permanecen fuertemente restringidas. El impacto también se trasladó al empleo registrado. La administración pública, la construcción y la industria manufacturera concentraron la mayor parte de los puestos perdidos. En el caso del Estado, la reducción de personal formó parte de una estrategia explícita de achicamiento, acompañada por recortes presupuestarios en organismos estratégicos como el INTI, el INTA y el Conicet, con consecuencias directas sobre el empleo y las capacidades productivas. PyMEs y grandes empresas El ajuste afectó de manera desigual según el tamaño de las firmas. Casi la totalidad de los empleadores que dejaron de existir correspondían a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que expone la fragilidad del entramado pyme frente a un escenario de tasas altas, caída de ventas y falta de herramientas de financiamiento. Al mismo tiempo, las empresas de mayor tamaño concentraron la mayor cantidad de despidos, evidenciando que la contracción económica se expresó tanto en el cierre de pequeñas firmas como en recortes de personal en grandes compañías. El contexto macroeconómico terminó de profundizar el escenario. Desde mediados de 2025, la decisión de sostener tasas de interés elevadas para contener la inflación y el dólar no logró revertir la tendencia inflacionaria, mientras continuó enfriando la actividad y el empleo. A casi dos años del inicio del actual gobierno, los datos oficiales reflejan que la promesa de una recuperación impulsada exclusivamente por el mercado no se tradujo en mayor inversión ni en creación de empleo. Por el contrario, el saldo es un mercado laboral debilitado, un entramado productivo más pequeño y una recuperación del empleo formal que, por ahora, no aparece en el horizonte.

Los peajes del Puente General Manuel Belgrano y de la estación ubicada en Makallé volvieron a quedar bajo la lupa tras la decisión de Vialidad Nacional de abrir una consulta pública para avanzar en una nueva actualización tarifaria en rutas nacionales concesionadas. La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 42/2026, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas. Este mecanismo habilita a la ciudadanía a presentar observaciones y propuestas antes de que se definan los nuevos cuadros tarifarios de manera definitiva. De prosperar el esquema que actualmente se encuentra en análisis, el valor mínimo del peaje para automóviles podría llegar a los 1.500 pesos a lo largo de este año, lo que implicaría un nuevo impacto económico en uno de los corredores viales más transitados y estratégicos del nordeste argentino. El proceso de consulta permanecerá abierto durante 15 días hábiles, con un plazo estimado que se extenderá hasta los primeros días de febrero. Durante ese período, usuarios, instituciones y sectores interesados podrán expresar su posición respecto del aumento propuesto. La eventual suba alcanzaría a vehículos de hasta dos ejes y una altura máxima de 2,30 metros, tanto en el puente interprovincial que une Resistencia con Corrientes como en el peaje de la Ruta Nacional N°16, en Makallé. El ajuste se sumaría a los incrementos aplicados en diciembre pasado, cuando las tarifas pasaron de 1.000 a 1.300 pesos. Otro punto que genera preocupación entre los usuarios es la eliminación de beneficios para quienes utilizan el sistema TelePASE, ya que la propuesta no contempla descuentos ni tarifas diferenciadas respecto del pago manual. Desde Vialidad Nacional señalaron que la solicitud de actualización fue presentada por la concesionaria Corredores Viales S.A. y se fundamenta en el aumento de los costos operativos vinculados al mantenimiento, la conservación y la prestación de servicios en los corredores viales bajo concesión. Mientras avanza el proceso participativo, el debate vuelve a instalarse en Chaco y Corrientes, donde miles de personas utilizan a diario estos accesos clave para el trabajo, el comercio y la conexión interprovincial.

Un hecho delictivo que impactó de manera directa en la infraestructura eléctrica de la zona rural de Basail fue esclarecido por personal de la comisaría local, que logró recuperar cobre robado de un transformador perteneciente a la empresa estatal SECHEEP. La investigación se inició tras la denuncia de una vecina domiciliada a la altura del kilómetro 946 de la Ruta Nacional N° 11, quien advirtió la sustracción de un transformador monofásico que se encontraba instalado en la vereda de su vivienda. A partir de ese aviso, efectivos policiales desplegaron un operativo que incluyó recorridas, rastrillajes y la recolección de información aportada por vecinos de la zona. Durante las primeras diligencias, el personal policial halló la carcasa del transformador oculta entre la maleza en las inmediaciones del lugar, lo que permitió confirmar que el equipo había sido desmantelado con el objetivo de extraer sus componentes internos, principalmente el cobre. Con el avance de la investigación, las pistas condujeron a un comercio dedicado a la compra y venta de chatarra, donde el propietario manifestó que un joven le había vendido, durante esa misma jornada, cerca de seis kilogramos de alambre de cobre. Al ser informado sobre el posible origen ilícito del material, el comerciante realizó la entrega voluntaria del mismo a las autoridades. Por disposición del Equipo Fiscal en turno, el cobre recuperado fue entregado bajo acta a la empresa estatal SECHEEP, mientras continúan las tareas investigativas para identificar al presunto autor del robo. Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que este tipo de delitos no solo genera daños económicos, sino que también afecta el suministro eléctrico y la calidad de vida de los vecinos, especialmente en sectores rurales donde el servicio resulta esencial.

Una profunda conmoción se vive en la localidad de Las Breñas tras la trágica muerte de un bebé de un año que falleció luego de un accidente doméstico ocurrido en su vivienda durante la siesta del martes. El lamentable episodio se registró cerca de las 13:50, cuando una mujer de 27 años llegó por sus propios medios a la guardia del Hospital “9 de Julio” con su hijo en brazos, en estado de inconsciencia. Pese a los intentos del personal médico, se confirmó que el pequeño ingresó sin signos vitales. Según el informe preliminar, el niño habría sufrido un ahogamiento en una pileta de lona instalada en el patio de la casa familiar. El médico de turno indicó que la causa del fallecimiento fue una asfixia por sumersión. Personal policial se entrevistó con la madre del menor, quien relató que el niño se encontraba jugando en la pileta junto a su hermano de seis años. En un momento, el hermano mayor salió corriendo para alertar que el bebé se había ahogado. Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención al fiscal de turno, Fernando Ojeda, quien se presentó en el hospital acompañado por personal del Gabinete Científico. El médico forense examinó el cuerpo y confirmó oficialmente la causa del deceso. Por disposición judicial, se tomaron declaraciones testimoniales a los padres y a la abuela del menor. Luego de cumplidas las diligencias legales, el cuerpo fue entregado a la familia para su despedida final. El trágico hecho vuelve a poner en foco la importancia de extremar las medidas de seguridad en el hogar, especialmente en espacios donde hay piletas y niños pequeños.

La movilización realizada este martes frente al edificio del INSSSEP volvió a colocar al organismo en el centro de la escena política provincial. La protesta, encabezada por familiares de pacientes y acompañada por dirigentes y referentes del peronismo chaqueño, generó una fuerte respuesta por parte del Gobierno provincial, que acusó a la oposición de utilizar una situación sensible con fines políticos. El ministro de Gobierno, Julio Ferro, salió al cruce de los manifestantes y cuestionó con dureza la presencia de figuras del anterior oficialismo en el reclamo. A través de declaraciones públicas y un mensaje difundido en la red social X, el funcionario calificó la protesta como una maniobra oportunista y apuntó directamente contra las gestiones anteriores. “¿Con qué cara reclaman hoy los que fundieron el INSSSEP?”, escribió Ferro, quien sostuvo que muchos de los dirigentes que ayer acompañaron la movilización “cuando gobernaron se escondieron medicamentos que dejaron vencer”. El ministro habló de “oportunistas del dolor” y afirmó que se intenta “hacer show político con la angustia de la gente”. Más allá del tono confrontativo, Ferro aseguró que el Gobierno comprende la preocupación de las familias y remarcó que ningún afiliado quedó sin atención médica. Según explicó, el organismo se encuentra resolviendo los casos uno por uno, ofreciendo alternativas de atención en instituciones de primer nivel y alta complejidad, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias. En ese sentido, el ministro insistió en que el eje del conflicto no es la falta de prestaciones, sino el proceso de reordenamiento del sistema. “Estamos ocupándonos de todos los casos, pero no vamos a permitir que se use el sufrimiento de las familias para hacer política barata”, afirmó. Ferro también puso el foco en la situación heredada y en el estado financiero del INSSSEP al inicio de la actual gestión. Señaló que el organismo arrastraba una deuda histórica y un esquema de funcionamiento que, según sostuvo, lo había dejado al borde del colapso. “Cuando gobernaban, no invirtieron un solo peso para mejorar el sistema”, lanzó en referencia directa a la oposición. Para respaldar su postura, el ministro destacó que desde diciembre a la fecha se destinaron más de 9.400 millones de pesos a tratamientos de alto costo, una cifra que calificó como récord. Además, aseguró que los tratamientos oncológicos se encuentran prácticamente normalizados y que se avanza de manera sostenida en la provisión de insumos y medicamentos para personas con diabetes. El cruce expone, una vez más, cómo la situación del INSSSEP se transformó en un terreno de disputa política, donde conviven reclamos genuinos, tensiones por la reorganización del sistema de salud y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el peronismo chaqueño. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la prioridad es ordenar el organismo y garantizar la atención, y la oposición busca capitalizar el malestar de un sector de los afiliados.

Un intento de ingreso de elementos prohibidos fue frustrado en las últimas horas en una dependencia policial, cuando efectivos detectaron un teléfono celular escondido dentro de un recipiente con doble fondo durante un control de alimentos y prendas destinados a personas alojadas en el lugar. El hecho ocurrió cerca de las 22 del martes, mientras personal de la División Microtráfico realizaba los controles habituales sobre los elementos que familiares acercan a los detenidos. En ese contexto, una mujer se presentó para entregar comida y ropa a un familiar que se encuentra privado de la libertad. Durante la revisión de rutina, los agentes advirtieron irregularidades en uno de los recipientes plásticos tipo tupper. Al inspeccionarlo con mayor detenimiento, constataron que el envase tenía un doble fondo, dentro del cual se encontraba oculto un teléfono celular marca Samsung junto con una tarjeta SIM. De inmediato, el dispositivo fue secuestrado y se dio intervención a la Fiscalía en turno. La mujer fue notificada de las actuaciones judiciales correspondientes, mientras se iniciaron las diligencias para determinar posibles responsabilidades y el destino que tendría el elemento en el sector de celdas. Desde la fuerza recordaron que los controles se realizan de manera estricta para evitar el ingreso de objetos prohibidos que puedan comprometer la seguridad interna de las dependencias policiales.

Un hombre fue detenido este martes por la noche en la ciudad de Charata luego de ser sorprendido ofreciendo a la venta, a través de redes sociales, un objeto que sería un fragmento de meteorito, un tipo de bien cuya comercialización está prohibida por la legislación vigente al considerarse patrimonio del Estado. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Investigaciones de Charata, tras un trabajo articulado con personal del Departamento de Investigaciones Metropolitana. La pesquisa se inició a partir de la detección de una publicación en Facebook en la que se promocionaba la venta de una pieza de origen presuntamente extraterrestre. A partir del análisis de la información recabada, los investigadores lograron identificar un domicilio ubicado en el barrio La Curva, donde se llevó adelante el operativo. En el lugar, los agentes secuestraron una pieza pétrea de color oscuro, de entre 10 y 15 centímetros de tamaño y con un peso aproximado de 580 gramos, cuyas características serían compatibles con las de un meteorito. El presunto responsable fue aprehendido y trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de las actuaciones judiciales por una supuesta infracción a la Ley N.º 3911, que regula y protege bienes considerados de interés científico y patrimonio estatal. Por disposición de la Fiscalía Penal de Charata, el objeto secuestrado quedó bajo resguardo policial mientras continúan las pericias y tareas investigativas para determinar su origen, autenticidad y el recorrido previo del elemento. Desde las fuerzas de seguridad recordaron que la extracción, tenencia y comercialización de meteoritos está expresamente prohibida, ya que se trata de bienes de valor científico y cultural cuya preservación es de interés público.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%, lo que permitió que el año 2025 finalizara con un incremento acumulado del 31,5%, el registro anual más bajo desde 2017. El dato marca una desaceleración significativa frente a los picos inflacionarios de años anteriores, aunque los analistas advierten que el proceso todavía enfrenta desafíos. El último mes del año consolidó una tendencia que se viene repitiendo desde mediados de 2025: si bien los niveles de inflación son considerablemente menores a los de 2023 y 2024, los precios acumulan varios meses consecutivos de aumentos mensuales, con diciembre como el cuarto período seguido por encima del 2%. En cuanto al comportamiento por rubros, Transporte encabezó los aumentos de diciembre con una suba del 4%, impulsada por ajustes en tarifas y combustibles. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,4%. Por su peso en la canasta, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el sector con mayor incidencia en el índice general, impactando de manera directa en el bolsillo de los hogares. En el otro extremo, Educación (0,4%) y Prendas de vestir y calzado (1,1%) registraron las variaciones más bajas del mes. A nivel de categorías, los precios regulados lideraron las subas, seguidos por el IPC núcleo, mientras que los estacionales mostraron aumentos moderados. Desde el Gobierno nacional destacaron el cierre inflacionario de 2025 como un resultado del programa de estabilización económica, basado en el superávit fiscal, el control de la emisión monetaria y la reorganización del Banco Central. Sin embargo, centros de estudios económicos señalaron que la continuidad de varios meses de aceleración mensual refleja que la desinflación pierde impulso y requerirá políticas consistentes para sostenerse en el tiempo. Otro punto relevante es el anuncio del INDEC sobre la implementación de una nueva metodología para medir la inflación, que comenzará a aplicarse con el dato de enero de 2026. El nuevo índice se basa en una canasta de consumo más actualizada, con mayor peso en transporte, comunicaciones y servicios digitales, como plataformas de streaming, y una reducción relativa en alimentos. Según el organismo, el cambio busca reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos, ampliando además la cantidad de precios relevados y modernizando el sistema de recolección de datos. El primer IPC calculado con esta metodología se conocerá en febrero. Así, mientras 2025 cerró con el nivel de inflación más bajo de los últimos ocho años, el inicio de 2026 estará marcado por el desafío de sostener la desaceleración en un contexto económico aún sensible y con un nuevo esquema de medición que podría modificar la lectura de los próximos datos.

El presidente del INSSSEP, Rafael Meneses, salió a llevar tranquilidad a los afiliados y aseguró que ninguna persona quedará sin atención médica, en el marco del reclamo de un grupo de familias que solicita continuar tratamientos exclusivamente en el Hospital Italiano de Buenos Aires. El titular del organismo explicó que el diálogo con los padres y madres involucrados comenzó la semana pasada y que cada situación fue analizada de manera individual. Según detalló, en todos los casos se ofrecieron alternativas médicas de alta complejidad, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias, descartando cualquier retroceso en la calidad de la atención. Meneses precisó que solo dos pacientes requieren procedimientos específicos e inmediatos, relacionados con el recambio de dispositivos médicos, y aclaró que esos tratamientos ya cuentan con turnos confirmados y logística definida. En el resto de los casos, señaló que se trata de controles médicos programados en pacientes que se encuentran clínicamente estables, los cuales pueden reorganizarse sin poner en riesgo la salud. Respecto a la posibilidad de cambiar de institución sanitaria, el presidente del INSSSEP afirmó que el traspaso es viable y que la historia clínica acompaña al paciente. Además, subrayó que no se está proponiendo la derivación a centros de menor complejidad y que el objetivo es evitar traslados innecesarios y el desarraigo familiar, priorizando la atención en la provincia y recurriendo a interconsultas con especialistas de Buenos Aires cuando sea necesario. En relación al vínculo con el Hospital Italiano, Meneses sostuvo que el conflicto no responde únicamente a una cuestión económica, sino a la necesidad de ordenar el sistema y garantizar previsibilidad. También cuestionó la exposición pública del tema, al advertir que suele haber aprovechamientos políticos, aunque reconoció la preocupación genuina de las familias. Por otra parte, el funcionario informó avances en la provisión de medicamentos de alto costo. Indicó que desde diciembre se destinaron más de 9.000 millones de pesos a tratamientos complejos, con una situación prácticamente normalizada en el área oncológica y mejoras sostenidas en la cobertura para pacientes con diabetes. Finalmente, adelantó que el INSSSEP avanza en un proceso de descentralización del sistema de farmacias para facilitar el acceso de los afiliados, y confirmó que el Plan Cardio está siendo revisado tras detectarse irregularidades que se encuentran bajo análisis.

En medio de versiones que generaron preocupación en el ámbito estatal, la secretaria general de Gobierno del Chaco, Carolina Meiriño , salió este martes a desmentir categóricamente  rumores sobre una supuesta eliminación de bonificaciones y del refrigerio destinado a los empleados públicos provinciales. La funcionaria fue enfática al asegurar que no existe ninguna medida oficial  que implique la quita de estos beneficios y que ningún trabajador fue notificado  al respecto. “La información que está circulando es falsa”, afirmó, al tiempo que remarcó que se trata de versiones sin sustento. Meiriño explicó que, en el marco del proceso de reorganización y ordenamiento del Estado , se evaluaron situaciones vinculadas a bonificaciones otorgadas en gestiones anteriores, algunas de las cuales —según indicó— no cumplían con criterios claros o necesidades reales. En ese sentido, sostuvo que actualmente se aplica un control más riguroso, especialmente en lo referido a adscripciones y asignaciones especiales . “No hubo ni habrá un recorte generalizado. Cada ministerio administra los beneficios de su personal según sus necesidades operativas”, explicó la secretaria general, despejando dudas sobre posibles decisiones unilaterales a nivel central. Respecto al refrigerio, Meiriño fue aún más contundente y negó de plano su eliminación. “Es triste tener que salir a desmentir una mentira”, expresó, y reiteró que los beneficios vigentes se mantienen sin modificaciones . Finalmente, llevó tranquilidad a los trabajadores del sector público y aseguró que los derechos y beneficios actuales están garantizados , reafirmando que cualquier medida se comunica por los canales oficiales correspondientes.

Un operativo de control urbano realizado este lunes por la tarde culminó con el secuestro de una motocicleta con carro  y la labranza de múltiples actas, luego de que un hombre fuera sorprendido arrojando residuos en plena vía pública , en la zona de calle Echeverría al 2000 , en Resistencia. El hecho fue detectado por agentes de la Guardia Comunitaria , quienes observaron al conductor de una motocicleta 110 cc trasladando desechos y arrojándolos directamente sobre la calzada, en infracción a las normas de higiene urbana. Al intentar identificarlo, el sujeto intentó darse a la fuga , pero fue interceptado a pocos metros por personal de Tránsito municipal , que intervino en apoyo al procedimiento. Tras detener la marcha, se constató que el conductor no llevaba casco reglamentario ni contaba con la documentación obligatoria , lo que agravó la situación. Como resultado del operativo conjunto, se labraron las actas correspondientes y se procedió al secuestro de la motocicleta y del carro , que fueron trasladados al depósito municipal . Desde el área de control destacaron que este tipo de acciones continuarán realizándose para preservar el orden, la limpieza urbana y la seguridad vial , y recordaron que arrojar residuos en la vía pública constituye una infracción sancionable.

Un operativo de control vehicular realizado en el acceso a la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña  terminó con el secuestro de una importante cantidad de cocaína y la detención de dos hombres, en un procedimiento coordinado entre áreas de seguridad vial y lucha contra el narcotráfico. El hecho ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 22:20 , en el puesto de control ubicado en el kilómetro 172 de la Ruta Nacional N° 16 , donde personal de la División Tránsito Urbano y Patrulla Vial  detuvo la marcha de una camioneta Ford EcoSport ocupada por dos personas. Durante la identificación de los ocupantes, de 32 y 28 años , los efectivos advirtieron un marcado estado de nerviosismo, lo que motivó la solicitud de colaboración de la División Operaciones Drogas Interior . En ese marco, intervino el can antinarcóticos “Sacha” , quien realizó una marcación positiva en el interior del vehículo. Al inspeccionar el sector señalado, los uniformados encontraron un envoltorio rectangular, tipo “ladrillo”, recubierto de material plástico. Las pruebas de campo realizadas en el lugar confirmaron que se trataba de cocaína de alta pureza , con un peso total de 925,6 gramos . Además del estupefaciente, se procedió al secuestro de dinero en efectivo , que ascendía a $396.000,80 , una balanza de precisión  y dos teléfonos celulares , elementos considerados de interés para la investigación. Por disposición de la Fiscalía Antidrogas de Sáenz Peña , ambos ocupantes del vehículo fueron detenidos  y notificados en una causa por infracción a la Ley Nacional N° 23.737 , que regula los delitos vinculados al tráfico de estupefacientes. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría Segunda , donde quedaron alojados por razones de jurisdicción. Desde las fuerzas de seguridad destacaron la importancia de los controles viales como herramienta clave para la detección de delitos complejos y remarcaron que la investigación continúa para establecer el origen y el destino de la droga incautada.