La seguridad pública en el Chaco dio un paso significativo con la incorporación de 22 nuevos agentes de Policía pertenecientes a los pueblos originarios Moqoit, Wichi y Qom , una medida que apunta a fortalecer el vínculo entre el Estado y las comunidades, promoviendo una mirada más cercana, intercultural y preventiva. El acto de incorporación se desarrolló en un clima de fuerte carga simbólica y emotiva, con la entrega formal de uniformes, credenciales y armamento reglamentario , marcando el inicio de una nueva etapa para los flamantes efectivos que ya forman parte de la fuerza policial provincial. Desde el Ministerio de Seguridad destacaron que esta decisión no responde a un gesto aislado, sino a una política concreta de inclusión , que busca reflejar en las instituciones del Estado la diversidad cultural que caracteriza a la provincia. En ese sentido, el ministro Hugo Matkovich valoró que las principales comunidades originarias estén representadas dentro de la Policía del Chaco, fortaleciendo la presencia institucional en distintos territorios. Además del rol operativo, a los nuevos agentes se les asignó una función clave: actuar como nexo entre la fuerza policial y sus comunidades , facilitando el diálogo, acompañando situaciones sociales complejas y colaborando en tareas de prevención del delito desde un enfoque territorial y culturalmente sensible. Desde el Gobierno provincial remarcaron que la incorporación de estos efectivos contribuye a consolidar una seguridad más cercana a la gente, basada no solo en la presencia policial, sino también en la confianza, el conocimiento del territorio y la participación comunitaria . Este paso es considerado un hito en la historia institucional de la provincia, al integrar la diversidad cultural como un valor estratégico para la construcción de políticas públicas, donde la seguridad se entiende como una responsabilidad compartida y con identidad chaqueña.

Un hecho delictivo que impactó de manera directa en la infraestructura eléctrica de la zona rural de Basail fue esclarecido por personal de la comisaría local, que logró recuperar cobre robado de un transformador perteneciente a la empresa estatal SECHEEP. La investigación se inició tras la denuncia de una vecina domiciliada a la altura del kilómetro 946 de la Ruta Nacional N° 11, quien advirtió la sustracción de un transformador monofásico que se encontraba instalado en la vereda de su vivienda. A partir de ese aviso, efectivos policiales desplegaron un operativo que incluyó recorridas, rastrillajes y la recolección de información aportada por vecinos de la zona. Durante las primeras diligencias, el personal policial halló la carcasa del transformador oculta entre la maleza en las inmediaciones del lugar, lo que permitió confirmar que el equipo había sido desmantelado con el objetivo de extraer sus componentes internos, principalmente el cobre. Con el avance de la investigación, las pistas condujeron a un comercio dedicado a la compra y venta de chatarra, donde el propietario manifestó que un joven le había vendido, durante esa misma jornada, cerca de seis kilogramos de alambre de cobre. Al ser informado sobre el posible origen ilícito del material, el comerciante realizó la entrega voluntaria del mismo a las autoridades. Por disposición del Equipo Fiscal en turno, el cobre recuperado fue entregado bajo acta a la empresa estatal SECHEEP, mientras continúan las tareas investigativas para identificar al presunto autor del robo. Desde las fuerzas de seguridad remarcaron que este tipo de delitos no solo genera daños económicos, sino que también afecta el suministro eléctrico y la calidad de vida de los vecinos, especialmente en sectores rurales donde el servicio resulta esencial.

Una profunda conmoción se vive en la localidad de Las Breñas tras la trágica muerte de un bebé de un año que falleció luego de un accidente doméstico ocurrido en su vivienda durante la siesta del martes. El lamentable episodio se registró cerca de las 13:50, cuando una mujer de 27 años llegó por sus propios medios a la guardia del Hospital “9 de Julio” con su hijo en brazos, en estado de inconsciencia. Pese a los intentos del personal médico, se confirmó que el pequeño ingresó sin signos vitales. Según el informe preliminar, el niño habría sufrido un ahogamiento en una pileta de lona instalada en el patio de la casa familiar. El médico de turno indicó que la causa del fallecimiento fue una asfixia por sumersión. Personal policial se entrevistó con la madre del menor, quien relató que el niño se encontraba jugando en la pileta junto a su hermano de seis años. En un momento, el hermano mayor salió corriendo para alertar que el bebé se había ahogado. Ante lo sucedido, se dio inmediata intervención al fiscal de turno, Fernando Ojeda, quien se presentó en el hospital acompañado por personal del Gabinete Científico. El médico forense examinó el cuerpo y confirmó oficialmente la causa del deceso. Por disposición judicial, se tomaron declaraciones testimoniales a los padres y a la abuela del menor. Luego de cumplidas las diligencias legales, el cuerpo fue entregado a la familia para su despedida final. El trágico hecho vuelve a poner en foco la importancia de extremar las medidas de seguridad en el hogar, especialmente en espacios donde hay piletas y niños pequeños.

La movilización realizada este martes frente al edificio del INSSSEP volvió a colocar al organismo en el centro de la escena política provincial. La protesta, encabezada por familiares de pacientes y acompañada por dirigentes y referentes del peronismo chaqueño, generó una fuerte respuesta por parte del Gobierno provincial, que acusó a la oposición de utilizar una situación sensible con fines políticos. El ministro de Gobierno, Julio Ferro, salió al cruce de los manifestantes y cuestionó con dureza la presencia de figuras del anterior oficialismo en el reclamo. A través de declaraciones públicas y un mensaje difundido en la red social X, el funcionario calificó la protesta como una maniobra oportunista y apuntó directamente contra las gestiones anteriores. “¿Con qué cara reclaman hoy los que fundieron el INSSSEP?”, escribió Ferro, quien sostuvo que muchos de los dirigentes que ayer acompañaron la movilización “cuando gobernaron se escondieron medicamentos que dejaron vencer”. El ministro habló de “oportunistas del dolor” y afirmó que se intenta “hacer show político con la angustia de la gente”. Más allá del tono confrontativo, Ferro aseguró que el Gobierno comprende la preocupación de las familias y remarcó que ningún afiliado quedó sin atención médica. Según explicó, el organismo se encuentra resolviendo los casos uno por uno, ofreciendo alternativas de atención en instituciones de primer nivel y alta complejidad, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras provincias. En ese sentido, el ministro insistió en que el eje del conflicto no es la falta de prestaciones, sino el proceso de reordenamiento del sistema. “Estamos ocupándonos de todos los casos, pero no vamos a permitir que se use el sufrimiento de las familias para hacer política barata”, afirmó. Ferro también puso el foco en la situación heredada y en el estado financiero del INSSSEP al inicio de la actual gestión. Señaló que el organismo arrastraba una deuda histórica y un esquema de funcionamiento que, según sostuvo, lo había dejado al borde del colapso. “Cuando gobernaban, no invirtieron un solo peso para mejorar el sistema”, lanzó en referencia directa a la oposición. Para respaldar su postura, el ministro destacó que desde diciembre a la fecha se destinaron más de 9.400 millones de pesos a tratamientos de alto costo, una cifra que calificó como récord. Además, aseguró que los tratamientos oncológicos se encuentran prácticamente normalizados y que se avanza de manera sostenida en la provisión de insumos y medicamentos para personas con diabetes. El cruce expone, una vez más, cómo la situación del INSSSEP se transformó en un terreno de disputa política, donde conviven reclamos genuinos, tensiones por la reorganización del sistema de salud y acusaciones cruzadas entre el oficialismo y el peronismo chaqueño. Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la prioridad es ordenar el organismo y garantizar la atención, y la oposición busca capitalizar el malestar de un sector de los afiliados.

Un intento de ingreso de elementos prohibidos fue frustrado en las últimas horas en una dependencia policial, cuando efectivos detectaron un teléfono celular escondido dentro de un recipiente con doble fondo durante un control de alimentos y prendas destinados a personas alojadas en el lugar. El hecho ocurrió cerca de las 22 del martes, mientras personal de la División Microtráfico realizaba los controles habituales sobre los elementos que familiares acercan a los detenidos. En ese contexto, una mujer se presentó para entregar comida y ropa a un familiar que se encuentra privado de la libertad. Durante la revisión de rutina, los agentes advirtieron irregularidades en uno de los recipientes plásticos tipo tupper. Al inspeccionarlo con mayor detenimiento, constataron que el envase tenía un doble fondo, dentro del cual se encontraba oculto un teléfono celular marca Samsung junto con una tarjeta SIM. De inmediato, el dispositivo fue secuestrado y se dio intervención a la Fiscalía en turno. La mujer fue notificada de las actuaciones judiciales correspondientes, mientras se iniciaron las diligencias para determinar posibles responsabilidades y el destino que tendría el elemento en el sector de celdas. Desde la fuerza recordaron que los controles se realizan de manera estricta para evitar el ingreso de objetos prohibidos que puedan comprometer la seguridad interna de las dependencias policiales.

El deterioro del empleo formal en la Argentina se consolidó como una de las consecuencias más visibles del actual rumbo económico. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado o coyuntural, los datos oficiales muestran una contracción sostenida del entramado productivo desde el inicio del gobierno de Javier Milei. Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 desaparecieron más de 21 mil empleadores con trabajadores registrados, lo que equivale a un promedio cercano a 30 empresas menos por día. En paralelo, el empleo formal cayó en más de 272 mil puestos, una dinámica que se traduce en la pérdida de alrededor de 400 trabajos registrados diarios. Las cifras surgen de los registros de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y reflejan un proceso de ajuste que impacta de manera transversal en la economía. La caída del empleo no distingue sectores ni tamaños de empresas, y se inscribe en una estrategia que redujo al mínimo el rol del Estado como impulsor de la actividad productiva. Desde el inicio de la gestión libertaria, el Gobierno nacional descartó la política industrial como herramienta de desarrollo. La eliminación de programas de crédito productivo, el cierre de áreas específicas destinadas a las pymes y el repliegue del Estado como actor de coordinación dejaron a miles de empresas expuestas a un contexto de recesión, altas tasas de interés y consumo deprimido. Sectores golpeados El retroceso de los empleadores se observa con claridad en actividades clave. Transporte y almacenamiento encabezó las pérdidas, seguido por comercio, servicios profesionales, servicios inmobiliarios e industria manufacturera. La construcción y el sector agropecuario también mostraron caídas significativas, afectadas por la paralización de la obra pública, el encarecimiento del financiamiento y la caída de la inversión. En términos relativos, el transporte fue el sector más afectado, con una reducción de empleadores cercana al 13%. Se trata de actividades especialmente sensibles al nivel de actividad económica, la inversión y el crédito, variables que permanecen fuertemente restringidas. El impacto también se trasladó al empleo registrado. La administración pública, la construcción y la industria manufacturera concentraron la mayor parte de los puestos perdidos. En el caso del Estado, la reducción de personal formó parte de una estrategia explícita de achicamiento, acompañada por recortes presupuestarios en organismos estratégicos como el INTI, el INTA y el Conicet, con consecuencias directas sobre el empleo y las capacidades productivas. PyMEs y grandes empresas El ajuste afectó de manera desigual según el tamaño de las firmas. Casi la totalidad de los empleadores que dejaron de existir correspondían a empresas de hasta 500 trabajadores, lo que expone la fragilidad del entramado pyme frente a un escenario de tasas altas, caída de ventas y falta de herramientas de financiamiento. Al mismo tiempo, las empresas de mayor tamaño concentraron la mayor cantidad de despidos, evidenciando que la contracción económica se expresó tanto en el cierre de pequeñas firmas como en recortes de personal en grandes compañías. El contexto macroeconómico terminó de profundizar el escenario. Desde mediados de 2025, la decisión de sostener tasas de interés elevadas para contener la inflación y el dólar no logró revertir la tendencia inflacionaria, mientras continuó enfriando la actividad y el empleo. A casi dos años del inicio del actual gobierno, los datos oficiales reflejan que la promesa de una recuperación impulsada exclusivamente por el mercado no se tradujo en mayor inversión ni en creación de empleo. Por el contrario, el saldo es un mercado laboral debilitado, un entramado productivo más pequeño y una recuperación del empleo formal que, por ahora, no aparece en el horizonte.

En un procedimiento judicial que se resolvió en tiempo récord, dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya fueron condenados a cuatro años y seis meses de prisión efectiva  por intentar ingresar cocaína a la Argentina a través del río Paraná, utilizando una embarcación que navegaba desde la costa paraguaya hacia territorio nacional por un paso no habilitado. La sentencia fue dictada a menos de 48 horas de la detención , tras un acuerdo pleno alcanzado entre el Ministerio Público Fiscal y las defensas oficiales, en el marco del nuevo Código Procesal La jueza federal de Garantías Zunilda Niremperger  homologó el acuerdo y condenó a los imputados, identificados por sus iniciales como B.C.A. (28)  e I.M.V. (29) , luego de que ambos reconocieran su responsabilidad en el hecho, aceptaran la calificación legal y la pena propuesta por la fiscalía. El caso se originó el 24 de diciembre , cuando personal de la Prefectura Naval Argentina  realizaba tareas de patrullaje y control en el río Paraná, en cercanías de la confluencia con el río Paraguay. En ese contexto, los efectivos detectaron una lancha a motor que cruzaba desde la costa paraguaya hacia la argentina, a la altura del camping municipal de Isla del Cerrito , por un sector no habilitado para el cruce fronterizo. Al interceptar la embarcación, los uniformados hallaron dos paquetes ocultos , recubiertos con papel metalizado, que tras ser sometidos a pruebas de campo dieron positivo para clorhidrato de cocaína , con un peso total de 2,056 kilogramos . Tras la detención, la fiscalía describió el hecho, presentó las pruebas reunidas y encuadró la conducta en el delito de contrabando agravado de estupefacientes , figura prevista en el Código Aduanero. Posteriormente, y con intervención de la defensa pública, se arribó a un acuerdo pleno que permitió acelerar el proceso judicial. Además de la pena de prisión, la Justicia dispuso el decomiso de la embarcación , la destrucción de la droga incautada  y el alojamiento de los condenados en una unidad del Servicio Penitenciario Federal en Formosa , decisión adoptada para facilitar el contacto con sus familias. El fallo se convierte en uno de los primeros casos resueltos bajo la modalidad de procedimiento abreviado en la región, marcando un precedente en la aplicación del nuevo sistema procesal federal.

Un fuerte conflicto institucional se desató en Margarita Belén luego de que el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) denunciara la entrega irregular de una obra que no pertenece al municipio , sino al organismo provincial. La situación involucra a un predio destinado a un Centro de Día y residencia para adultos mayores , cuya ocupación fue calificada como ilegal. El presidente del IPDUV, Fernando Berecoechea , acusó públicamente al intendente local, Javier Martínez , de haber promovido la ocupación de un complejo que aún se encuentra en ejecución y que no fue concebido como un plan de viviendas familiares. Según explicó, el inmueble forma parte de un proyecto específico orientado a la atención integral de personas mayores, con servicios médicos, espacios recreativos y asistencia permanente. De acuerdo a lo informado, se trata de 32 unidades habitacionales  que están bajo la órbita del Instituto de Vivienda y presentan un avance aproximado del 50 por ciento . Berecoechea fue enfático al señalar que la entrega realizada “carece de todo respaldo legal” y advirtió que el municipio no tiene competencia  sobre esa obra. El funcionario expresó su preocupación por las familias involucradas y sostuvo que fueron inducidas a una situación irregular. “Se generó una falsa expectativa en personas que atraviesan una necesidad real, y eso es gravísimo desde el punto de vista institucional y humano”, remarcó. Asimismo, aclaró que el proyecto forma parte del programa Casa Activa , cuya paralización —según precisó— se produjo a mediados de 2023, durante la anterior gestión nacional, y no como consecuencia de decisiones adoptadas por el actual gobierno. Berecoechea también recordó que existieron reuniones previas con autoridades locales para informar sobre las gestiones de financiamiento necesarias para retomar la obra. En ese contexto, cuestionó duramente el accionar del intendente, al considerar que “se atribuyó facultades que no le corresponden”. Desde el Gobierno provincial adelantaron que se avanzará con acciones administrativas y legales  para recuperar el predio y poder finalizar el proyecto, cuya inversión necesaria para su culminación ronda los 1.600 millones de pesos . Según indicaron, ya cuentan con documentación, registros públicos y publicaciones que respaldan la denuncia. Finalmente, el titular del IPDUV sostuvo que la Provincia debe administrar los recursos con responsabilidad, en un escenario complejo marcado por deudas heredadas, y afirmó que la finalización ordenada de obras permitirá extender soluciones habitacionales y sociales a otras localidades del Chaco.

La actividad aérea en Argentina vuelve a quedar bajo amenaza en plena temporada alta , ante la posibilidad de que el gremio de controladores aéreos ATEPSA  retome las medidas de fuerza una vez que finalice la conciliación obligatoria , prevista para este viernes 16 de enero . La conciliación había sido dictada por el Gobierno el 23 de diciembre , con el objetivo de frenar los paros anunciados y garantizar el normal funcionamiento de los vuelos durante las Fiestas y el inicio del receso de verano . Sin embargo, al vencer ese plazo, el conflicto vuelve a quedar abierto. Hasta el momento, el sindicato no realizó anuncios formales, pero desde el sector advierten que las medidas podrían reactivarse  en las próximas horas si no hay avances en las negociaciones. En ese marco, trascendió que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA)  evalúa solicitar una prórroga de cinco días hábiles  para extender la conciliación. El reclamo central de ATEPSA continúa siendo salarial , aunque el conflicto se ve atravesado por otros factores que complejizan el escenario. Existen investigaciones judiciales en curso  por presuntas maniobras fraudulentas y la situación de dos funcionarias  que se encuentran bajo la lupa de la Justicia, lo que genera mayor tensión entre las partes. Cabe recordar que durante 2025 , el gremio llevó adelante paros en distintas etapas del año , afectando tanto vuelos de pasajeros como de carga , con impacto directo en aeropuertos de todo el país. Con miles de personas viajando por vacaciones, la posible reactivación de las medidas de fuerza mantiene en alerta al sector aerocomercial y a los usuarios , ante el riesgo de demoras, cancelaciones y reprogramaciones .

El ministro de la Producción del Chaco, Oscar Dudik , lanzó una advertencia contundente sobre el uso excesivo e indiscriminado de agroquímicos  y sus consecuencias a mediano y largo plazo para el sistema productivo provincial. Según señaló, la lógica de priorizar rendimientos inmediatos está generando un escenario complejo, con impactos ambientales, productivos y sociales que podrían comprometer el futuro del sector. Dudik explicó que la aplicación reiterada de herbicidas e insecticidas —incluidos algunos productos cuyo uso está restringido o prohibido en determinadas épocas del año, como los hormonales— favoreció la aparición de malezas resistentes a múltiples principios activos , un fenómeno que dificulta cada vez más su control químico. En ese sentido, el funcionario advirtió que la falta de manejo integrado de plagas , la escasa rotación de cultivos y el abandono de buenas prácticas agrícolas forman parte de un esquema productivo que responde a una mirada de corto plazo, especialmente en un contexto donde gran parte de la superficie cultivada corresponde a campos arrendados . “El sistema se fue naturalizando hacia una lógica de ‘todo ahora’, sin medir las consecuencias que estas decisiones generan sobre el ambiente, la diversidad productiva y la economía regional”, señaló Dudik, al tiempo que remarcó que esta dinámica también afecta cultivos destinados al autoconsumo y limita las posibilidades de diversificación. Otro de los puntos centrales del planteo del ministro fue la necesidad de revisar con mayor profundidad la aprobación de eventos biotecnológicos y materiales genéticos , teniendo en cuenta no solo el rendimiento, sino también su impacto territorial. En ese marco, mencionó tecnologías como la soja tolerante a herbicidas hormonales, cuya implementación —dijo— debe evaluarse con criterios productivos, ambientales y sociales integrales, sin descartar la revisión de estudios de impacto previos. Dudik sostuvo que el desafío es avanzar hacia un modelo que combine productividad con sostenibilidad, y que permita cuidar los recursos naturales sin hipotecar el futuro del sistema agropecuario. “No hay desarrollo posible si no pensamos en el mañana”, afirmó, y aseguró que desde el Estado se impulsarán políticas orientadas a una producción más responsable y equilibrada.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de diciembre fue del 2,8%, lo que permitió que el año 2025 finalizara con un incremento acumulado del 31,5%, el registro anual más bajo desde 2017. El dato marca una desaceleración significativa frente a los picos inflacionarios de años anteriores, aunque los analistas advierten que el proceso todavía enfrenta desafíos. El último mes del año consolidó una tendencia que se viene repitiendo desde mediados de 2025: si bien los niveles de inflación son considerablemente menores a los de 2023 y 2024, los precios acumulan varios meses consecutivos de aumentos mensuales, con diciembre como el cuarto período seguido por encima del 2%. En cuanto al comportamiento por rubros, Transporte encabezó los aumentos de diciembre con una suba del 4%, impulsada por ajustes en tarifas y combustibles. Le siguieron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con un incremento del 3,4%. Por su peso en la canasta, Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a ser el sector con mayor incidencia en el índice general, impactando de manera directa en el bolsillo de los hogares. En el otro extremo, Educación (0,4%) y Prendas de vestir y calzado (1,1%) registraron las variaciones más bajas del mes. A nivel de categorías, los precios regulados lideraron las subas, seguidos por el IPC núcleo, mientras que los estacionales mostraron aumentos moderados. Desde el Gobierno nacional destacaron el cierre inflacionario de 2025 como un resultado del programa de estabilización económica, basado en el superávit fiscal, el control de la emisión monetaria y la reorganización del Banco Central. Sin embargo, centros de estudios económicos señalaron que la continuidad de varios meses de aceleración mensual refleja que la desinflación pierde impulso y requerirá políticas consistentes para sostenerse en el tiempo. Otro punto relevante es el anuncio del INDEC sobre la implementación de una nueva metodología para medir la inflación, que comenzará a aplicarse con el dato de enero de 2026. El nuevo índice se basa en una canasta de consumo más actualizada, con mayor peso en transporte, comunicaciones y servicios digitales, como plataformas de streaming, y una reducción relativa en alimentos. Según el organismo, el cambio busca reflejar con mayor precisión los hábitos de consumo actuales de los hogares argentinos, ampliando además la cantidad de precios relevados y modernizando el sistema de recolección de datos. El primer IPC calculado con esta metodología se conocerá en febrero. Así, mientras 2025 cerró con el nivel de inflación más bajo de los últimos ocho años, el inicio de 2026 estará marcado por el desafío de sostener la desaceleración en un contexto económico aún sensible y con un nuevo esquema de medición que podría modificar la lectura de los próximos datos.

Dos jóvenes fueron detenidos este domingo por la tarde en un operativo policial realizado sobre la Ruta Nacional Nº 95, a unos 15 kilómetros de la localidad de La Tigra, luego de intentar evadir un control y darse a la fuga en motocicleta. El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la División Investigaciones Interior Villa Ángela, quienes se encontraban trabajando en el marco de una causa vinculada a un robo y lesiones con arma de fuego ocurridas en la zona. Según informaron fuentes policiales, los agentes advirtieron la presencia de dos personas que circulaban a bordo de una motocicleta y que, al notar el operativo, realizaron una maniobra brusca para cambiar de dirección e intentar escapar. Ante esta situación, se inició un seguimiento controlado que finalizó metros más adelante con la interceptación de los sospechosos. Durante la requisa, los uniformados hallaron en poder de los jóvenes un total de 69 gramos de marihuana , además de dos teléfonos celulares  y una motocicleta Honda Titán 150 cc , elementos que fueron inmediatamente secuestrados. Los aprehendidos, de 20 y 21 años , fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente y quedaron a disposición de la Fiscalía Antidrogas de Presidencia Roque Sáenz Peña , que dispuso su detención por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737 . Las actuaciones continúan con el objetivo de determinar si los involucrados mantienen algún tipo de vínculo con otros hechos delictivos registrados recientemente en la región.